Estabilidad laboral, despidos, precarización, la función del estado y la vigencia de Cámpora

"La primera evidencia que al respecto ofrece nuestra época es el extraordinario aumento de las funciones del Estado como consecuencia del reemplazo del Estado liberal por el Estado social. Resulta obvio insistir sobre la amplitud de funciones que asume el Estado moderno en la planificación del bienestar colectivo y en la orientación de la actividad económica a través de su política monetaria, impositiva o de inversiones y de la fijación de un régimen de prioridades. Su intervención en los sistemas educativos, en los problemas sanitarios y de la vivienda, en el contralor de las condiciones de trabajo, en el resguardo de sus infortunios y en la promoción de de justas remuneraciones, en la política de transporte y comunicaciones y en la amplísima subsidiariedad de las actividades privadas"

Estas palabras, que bien podrían haberse dicho apenas hace unas semanas atrás, las esbozó Héctor Cámpora en una exposición ante los candidatos del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) el 20 de enero de 1973. 

Cuarenta años atrás, la misma vigencia. Y la misma vigencia por el hecho de ver como esto mismo que plantea quien fuera uno de los mayores símbolos de lealtad en la historia política de nuestro país, hoy la calesita pareciera que vuelve a girar nuevamente hacia atrás.

Se contraen las funciones, se achica el personal. Como bien venimos comentando estos últimos días, estamos de acuerdo con la regularización del sector estatal pero no con la cacería de brujas. No con perseguir a trabajadores de acuerdo a sus simpatías políticas o su ideología. Fueron muchos despidos en pocos días. En el congreso, en la jefatura de gabinete, el CCK, AFSCA, en los municipios de La Plata, Quilmes... y la lista sigue.

No solo es ajustar. No solo es reducir el gasto. Atrás hay familias. Atrás hay la decisión de llevar el nivel de desocupación al 15% -mínimo- para que en marzo cuando haya que negociar las paritarias, el piso sea más bajo.

Bien cierto es que la gestión anterior no pudo terminar con la precarización laboral en ciertos sectores del estado. Pero bien cierto también es que hace un mes atrás la discusión era el pase a planta de los trabajadores en situación de vulnerabilidad o el impuesto a las ganancias en algunos sectores. Hoy la situación cambia: hoy se vuelve a discutir la estabilidad laboral, los no despidos, las reincorporaciones de quienes han sido removidos de sus cargos. El cambio, parece recién comenzar.

La pelota, al piso.

Para entender la Ley de Medios!

La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue sin poder aplicarse en su totalidad. ¿Por qué? ¿quienes son sus actores principales?

El artículo 161 que fija el plazo de un año para la desinversión de aquellos grupos económicos que poseen más medios que lo establecido por la ley 26.522 que continúa en el juzgado de Edmundo Carbone. Desde el Gobierno Nacional esperan que sea la Corte Suprema de Justicia quien defina el destino de la aplicación en su totalidad de la ley que reemplaza a la implantada por la última dictadura militar.

Para entender un poco más, La Pelota al Piso te cuenta cuales son los 10 entes físicos y jurídicos más importantes de todo este proceso.

1. Cristina Fernández de Kirchner

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tal y como planteó en la plataforma electoral de su partido político antes de ser electa, envió al Poder Legislativo de la Nación el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que luego sería aprobado en ambas cámaras del Congreso. Ese proyecto de ley se debatió en foros en todo el país y fue solventado por la acción de organizaciones sindicales, de derechos humanos, trabajadores de prensa, universidades –entre otras- la decisión política de llevarlo a cabo lleva al Poder Ejecutivo en primer plano ya que ningún gobierno anterior tuvo la iniciativa.

2. Coalición por una radiodifusión Democrática

La Coalición por una Radiodifusión Democrática esta conformada por organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, Movimientos sociales, de Derechos Humanos, Partidos y organizaciones políticas, Universidades nacionales, el Movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios y pymes, los Pueblos Originarios, las expresiones de la cultura, junto a ciudadanas y ciudadanos en general. Dicho organismo fue el impulsor de “21 puntos” en los que se basa el proyecto de ley que fue enviado por la Presidenta de la Nación al Poder Legislativo. Tras tantos años de trabajo, debate y resistencia, se cargó al hombro la tarea de llevar a cabo el debate en todo el país, y de trabajar punto por punto para generar un proyecto superador a la Ley de Radiodifusión Nacional nº 22.285 vigente hasta el año 2009 con fines de democratizar los medios de comunicación en la República Argentina.

3. Grupo Clarín

El Grupo Clarín es el multimedio que mayor se ve perjudicado por la puesta en práctica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522. La ley establece el reparto del espectro en 33% destinado a medios de comunicación con fines de lucro, otro porcentaje similar a los medios públicos y el restante a medios comunitarios sin fines de lucro. Eso conlleva a que el artículo nº 161 plantea el tiempo de desinversión, lo que implica el desprendimiento de los medios de comunicación que exceden e incumple lo establecido por la ley. Desde sus diarios, radios y medios gráficos de prensa plantearon su disconformidad con noticias incluso inverosímiles, planteando un debate contra el Gobierno Nacional y la sociedad que respalda la ley. Además recurrieron a la justicia con diversos recursos de amparo para que no se aplicara.

4. Poder Legislativo de la Nación / Enrique Thomas

El Congreso Nacional fue el ámbito donde finalmente se debatió y se aprobó en las Cámaras de Diputados y Senadores el Proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se transformó en la ley nº 26.255. Sin embargo, también desde esta institución, el diputado por la provincia de Mendoza, Enrique Thomas (Peronismo Federal), presentó un recurso de amparo en su provincia denunciando que el proceso de su sanción en el parlamento tuvo irregularidades. Posteriormente, fue avalado por el Poder Judicial de la Nación.

5. Poder Judicial de la Nación

La Jueza Olga Pura de Arrabal, titular del Segundo Juzgado Federal Civil de Mendoza, hizo lugar al recurso de amparo presentado por el diputado Enrique Thomas y dejó sin efecto el 21 de diciembre de 2009 la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tal decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones. El 15 de junio de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la medida cautelar dictada en Mendoza, que suspendió la aplicación de la nueva ley. No obstante, Miguel Antonio Medina (juez salteño), paralizó la aplicación de la Ley, en defensa del derecho de los salteños a acceder a la información y no ver restringida la oferta informativa que se produciría con la venta o desaparición de canales, como también a pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone había suspendió la aplicación del artículo 161, que establece que el plazo de un año para vender empresas de medios para adecuarse a la ley y del artículo 41, por el cual sólo se pueden vender medios con autorización oficial.

La decisión final sobre la puesta en práctica en su totalidad de la ley, la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

6. Gabriel Mariotto

Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y ex interventor del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión). Fue uno de los principales impulsores y redactores del proyecto de la ley nº 26.255 y el responsable de presentarlo oficialmente a nombre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Llevó adelante su defensa en las audiencias públicas que se llevaron a cabo durante el tratamiento de la ley, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009.

7. Héctor Magnetto

Héctor Magnetto es el director ejecutivo del Grupo Clarín (CEO). Su posición hace convertirlo en el primer responsable del accionar periodístico de todo el multimedio y a plantear un debate discursivo y económico contra el Gobierno Nacional, no solo por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sino por su vinculación a la adquisición de la empresa Papel Prensa S.A. encargada de la producción y reparto de papel para los medios gráficos, la cual tiene una causa judicial abierta.

8. “Proceso de Reorganizcación Nacional”

El gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 asumió el poder bautizado así mismo como “Proceso de Reorganizcación Nacional”. Bajo este marco, el 15 de septiembre de 1980 se sancionó la Ley Nacional de Radiodifusión que a través del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) establecía un sistema arduo de censura. Dicha ley continuó durante los sucesivos gobiernos democráticos, pero la junta militar es un actor importante por haber promulgado la ley 22.285 que rigió hasta hace dos años atrás y obligaba al gobierno de turno a designar un interventor del COMFER ya que la ley establecía que las fuerzas de defensa de la nación tenían atribuciones directas sobre el campo de la comunicación.

9. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

Ente estatal que tiene la función de controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y regular el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales en Argentina. Reemplaza las atribuciones que tenía el COMFER, organismo creado bajo la ley Nacional de Radiodifusión de la dictadura militar. Su titular es Gabriel Mariotto, actual candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria.

10. Confederacion Sindical de los Trabajadores de los Medios de Comunicación Social

Si bien en el debate actual en los medios hegemónicos de comunicación su función no esta en los primeros planos, la COSITMECOS ha presentado dos proyectos propios para la promulgación de una nueva ley de medios de comunicación audiovisual y ningún gobierno democrático se animó a llevarla al seno del recinto parlamentario, por ende ha sentado precedente. La Confederacion Sindical de los Trabajadores de los Medios de Comunicación Social es una entidad sindical de tercer grado que agrupa a diez organizaciones entre sindicatos, asociaciones y federaciones.